La organización no gubernamental (ONG) Surgentes denunció una “escalada represiva” durante los últimos 15 días, en el contexto de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela.
“La escalada se inició con la represión a través de grupos parapoliciales a una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las Madres en Defensa de la Verdad el 5 de agosto, que pedían de manera pacífica ser atendidas por la presidenta del máximo tribunal y por la presidenta de la Sala Penal”, aseveró la ONG en un comunicado publicado en redes sociales.
Surgentes insistió en la necesidad de una “reconstitucionalización” del conflicto venezolano, para lo cual es necesario la liberación de los presos políticos y garantías para el ejercicio político.
Aunque consideró la excarcelación de 13 presos políticos el 23 de agosto como “un gesto de buena voluntad”, la ONG reiteró que es insuficiente.
“Resulta una medida claramente insuficiente. En el país hay un número superior a 800 presos políticos, cerca de la mitad de los cuales son post electorales Consideramos que la vía más expedita sería una Ley de Amnistía que permita la extinción de la acción penal en todos los casos de delitos políticos excluyendo aquellos que constituyan graves delitos contra las personas, violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad”, agregó.
Detenciones y criminalización de activistas
Asimismo, Surgentes advirtió que esta situación continuó con la “desaparición forzada de corta duración e imputación por gravísimos delitos políticos” de la codirectora de Surgentes, Martha Lía Grajales, el 8 de agosto.
A esto le siguió una campaña de criminalización contra Surgentes, contra el Comité de las Madres y contra los activistas, intelectuales y organizaciones de izquierda, con posiciones críticas al gobierno nacional, que se dio entre el 13 y 20 de agosto.
La organización destacó que el Comité de Madres en Defensa de la Verdad articula alrededor de 150 familiares de personas detenidas en el contexto postelectoral del 28 de julio.
“Ninguno de los casos que defienden incluye hechos de violencia contra personas. Además, en el Comité no participan los familiares de personas responsables de homicidios ni lesiones ocurridas en ese contexto”, agregó.
Surgentes también recordó las detenciones de otros militantes de organizaciones populares: Rusbelia Astudillo, consultora de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (Fenajupv), el 13 de agosto, y Roberto Campero, dirigente sindical de Sintraenseñanza, el 14. de agosto.
Tensiones entre Estados Unidos y Venezuela sirven para “encubrir la represión”
Además de denunciar las detenciones y criminalización de activistas, Surgentes alertó que el envío de barcos militares de Estados Unidos en el Caribe “le sirven al gobierno nacional para encubrir la represión” contra activistas de derechos humanos y sectores críticos.
El 15 de agosto, el gobierno de Donald Trump ordenó el despliegue de tres buques con 4 mil militares, principalmente infantes de Marina, en las aguas del Mar Caribe con la finalidad de combatir el narcotráfico.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró el 19 de agosto que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder para frenar el flujo de drogas hacia su país, luego de que un periodista le preguntara sobre el despliegue de soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.
Ante esa y otras preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en la rueda de prensa que el presidente Donald Trump tenía planes para acabar con el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia.
El gobierno de Nicolás Maduro respondió con el despliegue de 4,5 millones de milicianos (componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana), en todo el país.
Además, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, anunció el lunes 25 de agosto que implementaron un despliegue militar en las zonas de paz ubicadas en las áreas fronterizas de los estados Zulia y Táchira.
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