La lucha por la liberación de los presos políticos en Venezuela no solo se concentra en las problemáticas que enfrentan las personas detenidas, sino que también se suma el impacto en sus familiares. Al menos cinco madres han muerto en lo que va de 2026 en medio de la espera de la liberación o dar con el paradero de sus hijos.
De acuerdo con la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), las historias de estas madres reflejan el costo humano que deja el sufrimiento prolongado en la búsqueda y exigencias por la libertad de sus seres queridos.
El caso más reciente fue el de Carmen Navas, madre de Víctor Quero Navas, quien murió el domingo 17 de mayo de 2026, a los pocos días de que el gobierno confirmó que su hijo había muerto bajo custodia del Estado en julio de 2025 y sepultado en una fosa común.
“La muerte de una madre esperando el regreso de un hijo no es un ‘daño colateral’; es la evidencia fehaciente de una falla institucional absoluta”, escribió la ONG en su página web.
Las madres que murieron
Omaira Navas
Omaira Navas estuvo casi cuatro años exigiendo la liberación de su hijo, Ramón Centeno, detenido en febrero de 2022 luego de conceder una entrevista. Durante el tiempo que permaneció recluido, familiares denunciaron un grave deterioro de la salud de Ramón.
El comunicador fue excarcelado el 14 de enero de 2026 y 13 días después su madre murió a causa de un accidente cerebrovascular. Su entorno atribuyó el deterioro físico y emocional al desgaste acumulado durante los años de incertidumbre y presión constante.
Carmen Teresa Dávila de Yéspica
Jorge Yéspica fue arrestado en noviembre de 2024 tras expresar opiniones políticas en redes sociales. Permaneció más de un año detenido en el penal de Tocorón, bajo denuncias de aislamiento y restricciones.
Su madre, Carmen Teresa Dávila de Yéspica, tenía cerca de 90 años de edad y enfrentó un progresivo deterioro de salud durante el encarcelamiento de su hijo. Murió el 4 de febrero de 2026 debido a una insuficiencia respiratoria aguda derivada de un tromboembolismo pulmonar.
Según la documentación recopilada por la ONG, murió sin haber sabido que Jorge había sido liberado semanas antes bajo medidas cautelares.
Yarelis Salas
El hijo de Yarelis Salas, Kevin Orozco, fue detenido durante las protestas postelectorales de julio de 2024. Desde entonces, Salas permaneció en vigilias y actividades públicas frente a Tocorón para exigir información y la liberación de su hijo.
Familiares y allegados relataron que el desgaste físico y emocional terminó afectando la salud de Salar, quien murió en enero de 2026 tras sufrir un infarto. Días después, el 25 de enero, Kevin fue liberado.
Yenny Barrios
Yenny Barrios era la madre del expreso político Diego Sierralta, quien fue detenido en enero de 2025 cuando buscaba parches de fentanilo para aliviar los dolores oncológicos de su madre. Sus familiares denunciaron que fue acusado injustamente de delitos relacionados con narcotráfico.
Mientras Diego permanecía preso, la salud de Yenny empeoró y murió el 5 de noviembre de 2025 producto de un linfoma no Hodgkin. Su hijo había sido liberado poco antes, tras una campaña pública que exigía su excarcelación.
Además, Yenny también era una líder social y fue detenida en 2024, tras las elecciones presidenciales en julio de ese año. Durante su detención, tanto su hijo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y el partido Vente Venezuela exigieron atención médica para Yenny, ya que era una paciente oncológica y había sido intervenida quirúrgicamente antes de ser detenida.
Carmen Teresa Navas
Víctor Quero Navas fue detenido el 1° de enero de 2025 y, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, permaneció más de 17 meses en condición de desaparición forzada.
Durante ese tiempo, la familia aseguró que las autoridades ignoraron medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solicitudes de información impulsadas por instancias de la Organización de las Naciones Unidas.
Carmen, madre de Víctor, de 82 años de edad, pidió reiteradamente pruebas de vida de su hijo. El 7 de mayo de 2026, el Ministerio de Servicios Penitenciarios informó que Víctor había muerto bajo custodia del Estado y aseguró que el fallecimiento había ocurrido el 24 de julio de 2025.
JEP destacó que, un día antes de ese anuncio, Carmen Teresa Navas había recibido una notificación negando una eventual amnistía para su hijo, “como si se tratara de un preso político vivo”. Tras reconocer el cuerpo de Víctor, falleció 10 días después de poder sepultar los restos de su hijo.
El impacto sobre las familias
Para Justicia, Encuentro y Perdón, estos casos evidencian que la prisión política trasciende a los detenidos y termina afectando directamente a sus núcleos familiares. La organización considera que el sufrimiento prolongado de madres y familiares constituye “un trato cruel, inhumano y degradante de carácter colectivo”.
En su pronunciamiento, la ONG señaló que las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de la angustia constante, las vigilias frente a centros penitenciarios y la incertidumbre sobre el estado de salud de los detenidos deben ser incorporadas dentro de los registros de violaciones de derechos humanos.
Asimismo, pidió a instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evaluar estos casos dentro de las investigaciones sobre presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.
“La sociedad civil junto a organismos internacionales debemos coordinar acciones que inequívocamente demuestren que consumir la vida de las familias venezolanas mediante el arbitrio del poder tiene y tendrá consecuencias penales definitivas”, afirmó la organización.
La ONG hizo un llamado a mantener viva la memoria de estas mujeres y a impedir que el sufrimiento de las familias quede reducido a cifras.
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