El diputado ante la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza anunció este lunes 23 de febrero que un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la Ley de Amnistía.
«Podemos decir que se han realizado, gracias a la ley, 177 excarcelaciones, se han dado 2.021 libertades plenas a personas que estaban en régimen de presentación», informó el diputado durante una reunión en el palacio presidencial de Miraflores.
Asimismo, señaló que la comisión que preside ha recibido «más de 3.000» solicitudes y que siguen recibiendo nuevas peticiones en «algunos» tribunales del país.
En tanto, la ONG Foro Penal había verificado 464 excarcelaciones en el país entre el 8 de enero y el 22 de febrero; y al menos 65 liberaciones desde la aprobación de la amnistía el jueves pasado.
La comisión parlamentaria que preside Arreaza está encargada de hacer seguimiento del cumplimiento de la ley y de revisar otros casos «no contemplados» en la amnistía.
«El espíritu de esa ley, que la pidió la presidenta, es la convivencia democrática, es la paz», subrayó el parlamentario.
Recordó, además, que se han producido más de 800 excarcelaciones desde diciembre, una cifra que también sostiene el gobierno encargado.
Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.
Denuncian retrasos en aplicación de la Ley de Amnistía
Durante esta jornada, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que los tribunales enfrentaron por primera vez una presentación masiva de casos para evaluación bajo la Ley de Amnistía, lo que derivó en un “colapso total”. De acuerdo con su reporte, la jornada estuvo marcada por “violencia institucional persistente” y una cultura de maltrato que afectó tanto a los beneficiarios de la medida como a sus defensores.
En su pronunciamiento, la ONG subrayó que, tras años en los que se impidió la designación de abogados privados, durante esta fase del proceso fueron los propios familiares quienes debieron asumir gestiones y realizar largas filas en tribunales. Muchos de ellos, agregó la organización, se encontraban en condiciones de vulnerabilidad económica y emocional.
Más temprano, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela también denunció que tribunales con competencia en terrorismo en el país se «negaron» a recibir las solicitudes de sobreseimiento (cierre del caso).
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