La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, advirtió este jueves que el proyecto de Ley de Amnistía mantiene «limitaciones y disposiciones» que podrían dejar fuera a exiliados y perseguidos políticos.
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A través de una publicación en su cuenta de X, Solórzano explicó que, aunque el nuevo informe introduce ajustes formales, el texto sigue siendo “insuficiente” y conserva «riesgos importantes» que deben ser considerados. Además, señaló que el proyecto restringe su aplicación a hechos calificados como “violencia por motivos políticos” en momentos específicos previamente enumerados, lo que —a su juicio— excluye múltiples manifestaciones de persecución desarrolladas durante años.
Uno de los puntos que encendió las alarmas fue que la persona “esté a derecho o se ponga a derecho” para poder beneficiarse de la ley. La dirigente sostuvo que esa condición «desnaturaliza la figura jurídica», debido a que la amnistía no implica un «juzgamiento ni una imposición de pena, sino la extinción de la acción penal».
En ese sentido, alertó que condicionar su aplicación a la comparecencia ante tribunales impactaría directamente a «exiliados y a quienes tienen órdenes de captura», al supeditar su libertad al mismo sistema judicial que —según afirmó— ejecutó la persecución.
Solórzano también cuestionó que el proyecto no contemple la derogación de leyes que, a su juicio, han sido utilizadas para criminalizar a la oposición venezolana, como la llamada «Ley contra el Odio», ni el levantamiento automático de inhabilitaciones y sanciones administrativas impuestas por razones políticas.
Asimismo, mencionó que la aplicación de la amnistía no sería automática, ya que quedaría sujeta a «verificación judicial caso por caso» y «a un sistema de recursos», lo que implicaría que la libertad no sería inmediata.
La líder opositora insistió en que una amnistía efectiva debe garantizar libertad inmediata, el retorno seguro de los exiliados, la restitución plena de derechos políticos, el levantamiento de inhabilitaciones y el desmontaje del marco legal represivo».
“La amnistía no puede convertirse en una excusa dilatoria para postergar la libertad”, afirmó, al reiterar su exigencia de liberación sin más demoras de todos los presos políticos y el restablecimiento pleno del orden constitucional.
