La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes 18 de noviembre, por 370 votos a favor y 110 en contra, el texto base del proyecto de ley Antifacción, una propuesta de combate al crimen organizado presentada originalmente por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pero profundamente modificada por la oposición.
La iniciativa, cuya aprobación en la Cámara Baja constituye una dura derrota para el Gobierno del líder progresista, ahora tendrá que ser votada en el Senado antes de que pueda ser sancionada por el jefe de Estado.
El texto aprobado crea una ley autónoma para combatir organizaciones criminales «ultraviolentas», milicias y grupos paramilitares, y establece penas de entre 20 a 40 años de prisión -que pueden llegar a 66 años para líderes- para delitos como dominio territorial, ataques con explosivos, bloqueo de vías y reclutamiento de menores.
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Todos los delitos previstos son considerados intolerables, lo que aumenta el rigor de las penas y disminuye las posibilidades de beneficios penitenciarios para los condenados.
La propuesta también impone progresiones de pena más rígidas, que pueden llegar a exigir el cumplimiento del 85 % de la condena; determina la obligatoriedad de que líderes de facciones cumplan pena en presidios federales; y permite el confisco definitivo de los bienes de los procesados incluso en la fase de investigación.
Además, crea el Banco Nacional de Organizaciones Criminales Ultraviolentas, prohíbe el pago de subsidios a dependientes de condenados por los delitos del proyecto y prevé la realización prioritaria de audiencias de custodia por videoconferencia.
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La votación en la Cámara Baja estuvo marcada por tensiones entre el Ejecutivo y la oposición, además de críticas al presidente de los Diputados, Hugo Motta, por haber designado como ponente del proyecto de ley al legislador opositor Guilherme Derrite.
El ponente, un legislador de centroderecha, es secretario de Seguridad del estado de Sao Paulo, cuyo gobernador, Tarcísio de Freitas, es un potencial adversario de Lula en las elecciones presidenciales de 2026.
Pese a la victoria legislativa, la oposición de centroderecha no consiguió incluir en el proyecto una de sus principales propuestas, que era equiparar las organizaciones criminales a grupos terroristas.
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Los diputados oficialistas intentaron sin éxito revertir la votación o aplazarla, alegando que las seis versiones presentadas por el ponente alteraron la «espina dorsal» del proyecto enviado en octubre al Congreso por el Ministerio de Justicia.
Según Motta, la Cámara «cumplió su papel de debatir y no simplemente ponerle un sello a los textos del Gobierno», mientras que la oposición celebró la aprobación como «la respuesta más dura de la historia» del Congreso frente al crimen organizado.
La principal crítica del Gobierno al texto aprobado es el riesgo de pérdida de autonomía y de recursos para la Policía Federal, que pasará a dividir bienes confiscados con fondos estatales de seguridad.
EFE
