Un total de 26 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela instaron a España, este lunes 1 de junio, a extraditar “con celeridad” a Argentina al excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), solicitado por la Justicia de Buenos Aires debido a una causa por delitos de lesa humanidad en el país.
En un comunicado, pidieron a las autoridades competentes españolas “tramitar esta extradición con la firmeza, la determinación y la celeridad que su propio legado histórico exige”.
Las organizaciones afirmaron que conceder esta solicitud “no es una opción política, sino un imperativo de justicia universal que demostrará al mundo que el paso del tiempo y las distancias geográficas son incapaces de diluir los crímenes de lesa humanidad”.
“Cuando los tribunales locales se transforman en escudos de los victimarios en lugar de protectores de los ciudadanos, la Justicia internacional emerge como el último recurso de supervivencia elemental”, aseguraron.
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Por tanto, expresaron su “rotundo respaldo” a la solicitud de extradición, la cual, dijeron, representa “un quiebre estructural en la narrativa del olvido y un hito sin precedentes para la justicia transnacional”.
Según informó este lunes la organización InterJust, la Justicia argentina dictó en febrero la orden de extradición tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en España y, posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas. En marzo el Consejo de Ministros español aprobó la continuación del proceso.
Desde 2023, la Justicia argentina tramita una causa contra el Gobierno del depuesto gobernante Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela a partir de una denuncia presentada en enero de ese año por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (Fadd).
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En junio de 2023, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) presentó otra denuncia que se centró en el caso de dos víctimas de homicidio, entre ellas Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años que fue asesinada a tiros por agentes de la GNB el 19 de febrero de 2014 en el estado Carabobo (norte, cercano a Caracas) durante una manifestación.
Uno de los denunciados por este caso es Verdú Torrelles, quien se desempeñaba como comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y estaba al frente del operativo por las protestas en el momento del homicidio de la joven.
Las 26 organizaciones señalaron que la “efectiva resolución de esta extradición abre una brecha de esperanza real no solo” para la madre, Rosa Orozco, sino para los familiares de “todas las víctimas de la violencia política y la represión sistemática en Venezuela”. Según las organizaciones, más de 330 personas fueron ejecutadas en el contexto de manifestaciones pacíficas desde 2014.
Amnistía Internacional pidió este lunes a las autoridades de España y Argentina que colaboren para garantizar justicia a las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad.
EFE
