La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este 11 de diciembre una ley para derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma, en medio del deterioro de la relación con la Corte Penal Internacional (CPI) y de una investigación en curso por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país.
La medida surgió luego de que el 1° de diciembre, la CPI anunció que cerraría su oficina técnica en Caracas, argumentando que la decisión responde a la falta de “progreso real” de Venezuela en materia de “complementariedad”, es decir, el deber del Estado de investigar seriamente los crímenes denunciados antes de que intervenga la Corte.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que la salida busca “denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje” del tribunal, al que acusó de actuar según “los designios del imperialismo norteamericano”.
La ley ahora debe ser remitida al presidente Nicolás Maduro para su promulgación y entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Nacional.
Qué establece el Estatuto de Roma
El Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y vigente desde 2002, creó un tribunal permanente para juzgar a individuos por los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión.
La CPI opera bajo el principio de complementariedad: solo interviene cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren investigar y juzgar estos delitos.
Además, el tratado define la estructura, procedimientos y obligaciones de cooperación de los Estados miembros, actualmente 125 países.
Lo que establece el Estatuto de Roma:
-Cómo se inician las investigaciones
-Los derechos de las víctimas
-Las garantías para las personas acusadas
-Cómo se eligen los jueces y la Fiscalía
-Los mecanismos de cooperación entre los países y la Corte
Qué implica que Venezuela se salga del Estatuto de Roma
Si Venezuela concreta su salida, dejaría de aceptar la autoridad de la CPI para investigar crímenes cometidos después de que la retirada sea efectiva. Según el propio tratado, la retirada solo surte efecto un año después de notificada formalmente ante el secretario general de la ONU.
Esto significa que la CPI no podría iniciar investigaciones por hechos futuros posteriores a esa fecha, salvo que el Consejo de Seguridad de la ONU remita el caso.
Sin embargo, las obligaciones del Estado no desaparecen de inmediato. El país sigue obligado a cooperar con la CPI respecto a crímenes cometidos mientras aún era parte del Estatuto, incluso si la retirada entra en vigor.
Además, varios especialistas en derecho internacional han advertido que una ley de la Asamblea Nacional por sí sola no basta para retirar a Venezuela del tratado, pues se requiere un procedimiento formal de denuncia ante Naciones Unidas.
Desde 2018, la CPI mantiene una investigación preliminar —y luego formal— sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, principalmente vinculados a la represión de las protestas de 2017. Ese procedimiento no se detiene con la salida del Estatuto, porque se refiere a hechos ocurridos cuando Venezuela aún era Estado parte.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la salida del Estatuto implica un retroceso en la lucha contra la impunidad, pues elimina obligaciones futuras y reduce la presión internacional para que el Estado investigue y sancione los delitos más graves.
En cuanto a las víctimas, Amnistía Internacional y otras ONG alertan que podrían quedar en mayor vulnerabilidad: si los tribunales locales no actúan o no tienen capacidad para hacerlo, quienes denunciaron ante la CPI pueden perder un mecanismo clave para exigir justicia.
La investigación de la CPI sobre Venezuela
En noviembre de 2021, la CPI determinó que existía base suficiente para abrir una investigación formal sobre Venezuela, convirtiéndose en el primer país de América Latina sometido a un proceso de este tipo.
En 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó reanudar la investigación tras rechazar una apelación del gobierno de Nicolás Maduro.
Posteriormente, en marzo de 2024, la Sala de Apelaciones desestimó de forma definitiva los argumentos del Estado venezolano y concluyó que no adoptó medidas efectivas para investigar patrones de criminalidad o una posible política de represión. Con esta decisión, la investigación quedó plenamente habilitada.
En paralelo, la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS) recopiló 127 documentos entregados por víctimas, que incluyen denuncias por homicidios, torturas, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, violaciones y violencia sexual.
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